La gran mayoría de los organizadores de viajes clandestinos hacia Puerto Rico opera desde áreas del litoral dominicano claramente establecidas. Desde esos lugares del Este del país -supuestamente bajo control de las autoridades- se hacen a la mar con suicida temeridad unos tales "capitanes" que abarrotan sus frágiles embarcaciones de gente ansiosa de llegar a "mejores horizontes"; hijos de esta patria que no prevén los peligros que entrañan las expediciones acometidas sin medios para sobrevivir ni pedir ayuda en caso de naufragio. Los individuos que reclutan a emigrantes en potencia, cobrándoles fuertes sumas de dinero, son auténticos criminales que en la mayoría de los casos se siguen saliendo con la suya.
El último episodio, con balance de más de una decena de ahogados y un sinnúmero de desaparecidos, acaba de ocurrir en la bahía de Samaná, a la que fue a parar una de esas embarcaciones que evidentemente había quedado al garete. Es bueno resaltar que los traficantes se comportan como verdaderos lobos de mar, que logran sobrevivir mientras muchos de sus clientes mueren. Es lamentable que se insista en recurrir a la migración ilegal hacia países que padecen los crudos efectos de una crisis global de la economía, con creciente desempleo y embestidas de las autoridades contra la presencia de extranjeros, lo que incluso ya motiva una migración de regreso hacia los lugares de origen.
Las amas de casa de niveles medio y bajo no tienen forma expedita para comprobar que los expendedores de gas propano les despachan efectivamente la cantidad del combustible que pagan. Es un mercadeo a ciegas. Los huevos y plátanos que compran pueden ser contados. Pero la verificación del contenido de cilindros no está al alcance de la gente común. El engaño solo sale a la luz cuando las autoridades hacen inspecciones de manera limitada, pues no hay personal ni instrumentos suficientes para una continua supervisión. Esas autoridades dan por seguro que el engaño es cosa común en diversos expendios. La Cámara de Diputados tiene en sus manos un proyecto para establecer sanciones, lo que podría ayudar a combatir este delito. Asombra que el país carezca todavía de un mecanismo para aplicar sanciones condignas a estafadores del gas al detalle que en cada redada quedan en evidencia sin que eso sirva para mucho.
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